¡Papel y lápiz! Conozca los cambios tras ley de financiamiento

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Tras la aprobación de la ley de financiamiento en Colombiaque define los ajustes que tendrá el estatuto tributario desde el 2019, norma que si bien resultó muy diferente al proyecto inicial pero que al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo deja tranquilo y al Gobierno le gustó porque preserva los pilares de equidad por los que debe transitar de forma paulatina el país, desde ya los miles de contribuyentes deben tomar nota y alistarse para adoptar los cambios que se les apliquen.

Según el funcionario, la nueva ley preservó el objetivo central de reducir la tasa efectiva de renta de las empresas, en una apuesta a favor de la generación de empleo, y no habrá afectación de las clases más vulnerables ni de la clase media, toda vez que en materia de renta de personas naturales el enfoque fueron aquellos que tienen mayores ingresos. 

De hecho, el presidente Iván Duque dijo que no se les está “cobrando ni un solo peso de más de impuesto de renta a quienes ya hoy lo pagaban por debajo de 40 millones de pesos de ingresos mensuales”.

El mandatario también destacó que no pagarán impuesto de renta en los primeros cinco años los emprendimientos con inversiones de más de 150 millones de pesos, aunque tendrán un tope de facturación anual, y por 10 años los emprendedores rurales que “generen un mínimo de empleos”.


Pese a que el próximo año el sector financiero aportará por la sobretasa de renta que definió el Congreso unos 480.000 millones de pesos adicionales, las proyecciones de recaudo se mantuvieron en 7,1 billones de pesos frente a una necesidad de 14 billones, lo que obligará al Gobierno a iniciar una fuerte política de ajuste del gasto de forma permanente para adecuarlo a los ingresos.

De acuerdo con Carrasquilla, el próximo año los recortes –dada la inflexibilidad del gasto– serían del orden de los 1,2 billones de pesos; y para lograr reducir los gastos a mediano plazo, el Gobierno anunció que será necesario trabajar en varios proyectos de ley para conseguir el objetivo de lograr ajustes de hasta 5 billones al año frente al valor actual. Entre esos proyectos de ley estará la reforma del régimen de subsidios.

En concepto del Gobierno, luego de varios años de reducción de la pobreza, hay personas que ya no necesitan el mismo nivel de ayudas para la salud, entre muchos de los rubros que subsidia.Lo que no cambió

A la par de una reducción progresiva en las tarifas de renta de las empresas, para llevarla del 33 por ciento en el 2019 al 30 por ciento en el 2022, la ley de financiamiento preservó las tarifas de renta planteadas en la ponencia para las plenarias de Senado y Cámara, y las tarifas suben en promedio para quienes tengan ingresos mensuales promedio superiores a los 40 millones de pesos.

En cuanto al impuesto al patrimonio, la tarifa del 1 por ciento la pagarán quienes tengan un patrimonio líquido mayor de 5.000 millones de pesos, pero, según el director de la Dian, Juan Andrés Romero, el gravamen solo se cobrará durante tres años y no durante cuatro vigencias.

Para los dividendos también se aplicará una tarifa del 15 por ciento cuando estos sean superiores a 300 unidades de valor tributario, que para el 2019 equivaldrán a 10’281.000 pesos. 

Asimismo, la nueva ley creó el Simple, un esquema que simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas del país, incluyendo los tenderos.

En cuanto al IVA plurifásico a las cervezas y bebidas azucaradas, como las gaseosas, la norma estableció que se cobrará tanto en la cadena de producción como en el valor final del producto, lo que implica que aquellos que los vendan deberán cobrarlo y girarlo a la Dian. En este aspecto, según Romero, el Congreso introdujo una regla general para que, de la base del impuesto sobre las ventas, se pueda excluir el valor del impuesto al consumo pagado en la cadena, con el fin de evitar el pago de impuesto sobre impuesto. 

Además, dentro del régimen Simple se creó una tabla especial para los tenderos, con el fin de que su declaración, además del impuesto de renta, industria y comercio, aportes parafiscales y pensiones, puedan incluir este IVA por estos productos. Esto será para quienes vendan hasta 2.800 millones de pesos al año.

La ley también establece una amnistía para declarar los activos no informados antes del primero de enero de 2019. El proceso aplica a los activos omitidos o pasivos inexistentes y se les cobrará una tarifa del 13 por ciento.

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